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Los países del Mediterráneo Occidental adoptan la “Declaración de Valencia” para reforzar la cooperación en seguridad hídrica y adaptación al cambio climátic

Los países del Mediterráneo Occidental adoptan la “Declaración de Valencia” para reforzar la cooperación en seguridad hídrica y adaptación al cambio climátic. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido el Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental, celebrado hoy en Valencia,España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez han adoptado la “Declaración de Valencia”, por la que se comprometen a impulsar un Plan de Acción conjunta para hacer frente a las consecuencias del cambio climático sobre los recursos hídricos de la región, que ya experimentan serias alteraciones,Asimismo, han acordado poner en marcha un Programa de formación, transferencia de conocimiento y desarrollo de capacidades para identificar conjuntamente aquellas acciones, experiencias y soluciones en ámbitos como la gestión integrada de cuencas hidrográficas, desalación y reutilización o mejora de infraestructuras,“Articular respuestas coordinadas es primordial para asegurar un futuro más sostenible, seguro y resiliente. Cooperar nos hace menos vulnerables”, ha señalado la vicepresidenta durante la reunión
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El Real Decreto 2/2020, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico. La elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, cambio climático, protección de la biodiversidad, medio ambiente, montes, meteorología y climatología. La gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre. La elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energético. La elaboración y el desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto demográfico, así como la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación.

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